La pandemia ha visibilizado la urgencia de la pobreza energética y las medidas impulsadas durante el Estado de Alarma deben quedarse y ampliarse en momentos posteriores de la crisis sociosanitaria.
En el marco de la semana europea contra la pobreza energética diferentes organizaciones y plataformas en defensa del derecho a la energía y a los suministros básicos se están manifestando para reclamar la atención urgente a situaciones como los cortes de suministro indiscriminados en barrios de todo el Estado. A la vez, reclaman la necesidad de contar con una medida de miras más largas, que garantice el suministro a las personas en situación de vulnerabilidad, más allá del 9 de mayo de 2021, cuando termina la protección actual prevista por el gobierno por causa de la pandemia.
En el resto de la UE las situaciones son diversas, pero el contexto coincide. Durante los meses más duros de la COVID-19 los Estados Miembros han impulsado medidas para garantizar los suministros de agua y energía, pero en la mayoría de casos las recetas están siendo insuficientes. De hecho algunas, a día de hoy, ya han terminado su plazo de existencia, volviendo a la desprotección de antes de la pandemia, cuando son ahora más necesarias que nunca: prohibición de corte de suministros, ampliación de los supuestos para acceder a bonos y tarifas sociales, supresión de intereses en los pagos atrasados, etc.
La pandemia ha desenterrado debates sobre el modelo productivo y energético en el que vivimos de un modo que ningún otro evento de estas características había conseguido en las últimas décadas. Se han despertado demandas históricas que ahora se presentan como legítimas, necesarias y urgentes a ojos de la ciudadanía y la opinión pública. Están en la agenda política, encima de la mesa de los que toman las decisiones, pero siguen habiendo fuerzas contrarias que pretenden frenar este enfoque de derechos y de defensa de los suministros básicos con vocación de servicio público y con participación activa de la ciudadanía, poniendo las personas afectadas en el centro.
En este marco Enginyeria Sense Fronteres junto a la coalición Right to Energy, ha publicado un policy paper que denuncia que, a menudo, es la misma forma en la que están concebidos los sistemas y modelos de gestión de los suministros básicos (por ejemplo la energía o el agua) la que imposibilita impulsar medidas de rescate real para la gente y no para los mercados. Las privatizaciones, la liberalización del sector, la mercantilización y financiarización de estos recursos y de las mismas grandes empresas que los gestionan, traen consigo la potencial generación de más desigualdad social, la destrucción ecológica, y en última instancia pérdida de soberanía y democracia en la gestión de los servicios básicos.
El modelo de gestión de estos servicios se ha puesto en entredicho desde que se entró en el Estado de Alarma y la ciudadanía se vio llevada a una convivencia mucho más intensa en el interior de sus casas: más horas, más cuidados y necesidades, más consumo, más gasto. Y más beneficios para estas compañías, que en la mayoría de los países de la UE responden a un modelo privatizado. Estas condiciones de partida han hecho que las medidas que se han tomado ante la situación del Estado de alarma se vean limitadas por este mismo funcionar. Ahora es tiempo de reflexionar, y revertir si hace falta, las dinámicas y condiciones que nos han llevado a no poder proteger a nuestra propia ciudadanía como la situación requiere.
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