En un mundo tan globalizado como el nuestro, pautado por un sistema económico que impulsa constantemente el individualismo y la competitividad, la afirmación «solo existes si los medios te tienen en cuenta», cada vez es más relevante. Sobre todo, si tenemos en cuenta que las lógicas de las redes sociales, aparentemente democratizadoras, se ha construido sobre esta premisa; y si tenemos en cuenta que los medios de comunicación han contribuido a institucionalizar la cultura de la representación y las convenciones narrativas como plataformas de promoción social.

En este escenario, resulta imprescindible revisar y poner en crisis las relaciones de poder que regulan el acceso y participación social en los medios. La agenda mediática, que se construye en sintonía con el orden hegemónico, muy a menudo ningunea o, simplemente hace invisibles, ciertas realidades en detrimento otras. Si esta realidad es más o menos evidente a nivel local, a nivel global el riesgo de estigmatización cultural; el desconocimiento, olvido o la desmemoria sobre los orígenes de las injusticias; o la acentuación de los procesos de exclusión social, se multiplican. Pues en el sistema tan competitivo que se defiende desde las políticas internacionales, formar parte de la agenda mediática se convierte en una plan de reconocimiento geoestratégico.

A este hecho, hay que añadir que el acceso a las plataformas comunicativas está sujeto a las grandes corporaciones mediáticas que son las que, finalmente, regulan el tráfico informativo y el acceso a las nuevas tecnologías. Estas, que han convertido la información en mercancía, no solo intervienen en los procesos de construcción de la agenda mediática. También en la disponibilidad de espacio y autopistas de la información, y en el coste de los dispositivos para acceder a ellas. Lo que sucede, en definitiva, es que la creciente privatización de las industrias de la comunicación, lejos de buscar una diversificación de públicos para garantizar una información democrática, cada vez homogeneiza más la calidad informativa en beneficio del mantenimiento de unos privilegios en tanto que reproduce de manera más o menos directa la promoción de una sola voz o mirada.

Hoy, cuando los efectos de la pandemia se extienden a ámbito global, es un acto de responsabilidad y justicia social no reducir la realidad a unos solos intereses o experiencias. La comunicación, bien empleada y estructurada, puede ser una herramienta de transformación social. Precisamente por su importancia y por su potencial efecto multiplicador, hay que narrar de otro modo y romper el que se ha convertido en un acto unidireccional y jerárquico. Si la narrativa hegemónica no sabe y/o no quiere dar voz al máximo de realidades y experiencias, corremos el riesgo de la desmemoria.

Desde la cooperación ya hace mucho tiempo que se ha evaluado el efecto fagotitzador del poder de los medios en comunidades que han tenido la cultura y la transmisión oral. Se observa como en la institucionalización de los medios como transmisiones y vigilantes de la cultura de la información, se ha tendido a instrumentalizar las experiencias de quienes no tiene acceso. Una instrumentalización que tiene sus efectos. Por un lado, en que contribuye a negar el derecho a la propia voz. De la otra, en la contribución a normalizar una desmemoria histórica que no atiende a las causas y a las consecuencias de los empobrecimientos y marginalizaciones sistémicas que recaen sobre aquellas comunidades más vulneradas.

Por eso es tan importante trabajar y adquirir una mirada crítica que nos permita detectar qué se deja de decir en los relatos universalistas y globalizadores. Solo así podremos iniciar un camino dirigido a un proceso de reconocimiento que toda persona humana merece, y solo así podremos empezar a defender y andar ninguna lo que la cooperación transformadora reclama: garantizar un pleno proceso de acceso y participación social justo, sostenible, autogestionado desde la propia autoridad y que ponga en evidencia la interdependencia entre las diferentes agencias a nivel mundial.

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