Nace la red Gas no es solución, una amplia coalición de colectivos y organizaciones del Estado español que muestran su rechazo al desarrollo de este combustible fósil.

El gas natural está cobrando un papel cada vez más relevante en el panorama energético tanto español como europeo. Los colectivos abajo firmantes observamos con preocupación el impulso político que está recibiendo este combustible fósil sin evaluaciones objetivas e independientes sobre sus riesgos y sin que haya habido un debate público suficiente. Este apoyo institucional se traduce en la promoción de nuevas grandes infraestructuras gasistas tanto en el Estado español como en toda la Unión Europea. Los proyectos incluyen grandes gasoductos, terminales de Gas Natural Licuado (GNL), almacenes de gas, redes de distribución… Muchas de estas infraestructuras se benefician de trámites abreviados de aprobación y de financiación pública europea, o sus costes se transfieren a las facturas del gas.

La promoción institucional del gas se realiza bajo la premisa de que se trata de una fuente energética que contribuirá a la descarbonización de la economía, al interés común y a la seguridad energética. Sin embargo, a pesar de que la narrativa oficial pretende presentarlo como un combustible limpio, el gas natural es un combustible fósilLa huella climática del gas es muy importante, especialmente si se consideran las fugas de metano que se producen a lo largo de toda la cadena de suministro. Las infraestructuras que se proyectan tienen una vida media de varias décadas, lo que convierte la apuesta por este combustible en algo incompatible con los objetivos climáticos europeos, que exigen unos tiempos de reacción mucho más inmediatos.

Cuestionamos también la idea de que estos desarrollos gasistas estén al servicio del bien común. Son a menudo los grandes fondos de inversión y las empresas del oligopolio gasista las que están interesadas en el desarrollo de estas infraestructuras. Estas empresas son juez y parte en la planificación gasista y en la estimación de la demanda, que se realiza habitualmente por encima de las necesidades reales.

El Estado español juega un importante papel geopolítico en la apuesta europea por el gas, al tener la mayor capacidad de regasificación de toda Europa y por la cercanía geográfica con el norte de África. El muy bajo uso de la capacidad de estas infraestructuras está provocando la justificación de nuevos gasoductos para dar salida a todo el gas que el país potencialmente puede importar, e igualmente está incentivando la búsqueda de nuevos usos para el gas -como el transporte-, al tiempo que ha generado un déficit creciente de tarifa, que ha sido asumido por los consumidores finales, lo que está contribuyendo a la pobreza energética. Perpetuar la dependencia del suministro de gas tiene unas consideraciones éticas que no se deben soslayar si tenemos en cuenta la violación de los derechos humanos en algunos de los países exportadores de ese gas.

El gas debe jugar un papel secundario y decreciente en la transición energética hacia un 100 % renovable; no puede convertirse en el pilar central de la misma. Una apuesta decidida por el gas como la que observamos sólo puede desviar el foco, los esfuerzos políticos y los recursos de un claro compromiso por las energías renovables sin ambages.
Las grandes empresas y lobbies que promocionan el modelo gasístico son contrarias a una transición energética democrática y participada activamente por la ciudadanía. Las propuestas de la transición deben dar respuesta a las necesidades de las poblaciones locales y al mismo tiempo preservar el patrimonio y los recursos naturales, eliminando los impactos negativos que padecen los territorios de extracción, transporte y consumo de gas. Ejemplos como el almacén Castor o Doñana, el gasoducto MidCat, las centrales de ciclo combinado, las plantas de regasificación del Musel (Gijón) y Mugardos (Ría de Ferrol) o las proyectadas como la de Granadilla (Tenerife), y la gran proliferación de permisos de investigación de shale gas o gas de lutita, obtenido mediante la técnica del fracking, constituyen una fuente de conflictos ambientales y sociales que perjudican a las economías locales. Además, la ejecución de infraestructuras gasísticas reproduce y profundiza un modelo de empleo de baja calidad que ya existe en otros sectores, y vincula a las comarcas, en especial a las zonas rurales, a un modelo caduco de empleabilidad basado en la especulación y en la temporalidad. Al mismo tiempo, hipoteca los suelos por muchos años y en no pocas ocasiones pone en riesgo sectores como la agricultura o la ganadería, entre otros.

Ante esta situación, las organizaciones que suscribimos este manifiesto, exigimos:

  • Que se lleve a cabo un análisis riguroso del papel temporal/residual del gas en la transición energética evaluando su contribución real al Cambio Climático en toda la cadena de suministro, y que dicho análisis contenga un calendario concreto para su abandono, sin perjuicio del abandono urgente del carbón y de la energía nuclear.
  • Que no se destinen más recursos públicos a la promoción del modelo gasista y que se evalúe la necesidad presente y futura de nuevas infraestructuras de gas, que acaban por sobredimensionar el sector energético, generan endeudamiento público, encarecen las facturas y acentúan la pobreza energética.
  • Que se tome en especial consideración la opinión de la población directamente afectada por las infraestructuras gasísticas, por los riesgos que estas implican y porque ponen a las poblaciones al servicio de las economías de escala que poco o nada tienen que ver con las realidades locales.
  • Que se ponga freno al impulso del gas en el sector del transporte. La búsqueda de soluciones a la contaminación atmosférica no puede justificar la sustitución de un combustible fósil por otro. Las medidas deben ir encaminadas a modos de transporte sostenibles, que fomenten los desplazamientos activos, el uso de la bicicleta, el vehículo colectivo y eléctrico, el ferrocarril y su electrificación, reduciendo progresivamente el uso del vehículo privado.
  • Que la imprescindible transición energética se lleve a cabo de forma transparente y democrática. Se deben suprimir las barreras y penalizaciones actuales a las energías limpias, priorizando la reducción del consumo energético y promoviendo una cultura energética que permita a la ciudadanía empoderarse y contribuir a la construcción de un nuevo modelo energético limpio, abriendo un debate público donde la ciudadanía debe jugar un papel preferente.
  • Que se faciliten canales de financiación pública que apoyen la generación eléctrica distribuida y que incentiven la producción energética local, basada en fuentes renovables, en el sector doméstico e industrial. Al mismo tiempo, desde el sector público debe promoverse la desinversión fósil, retirando todos los activos económicos de proyectos de combustibles fósiles, incluyendo el gas.
  • Que se informe a los propietarios de activos sobre los riesgos económicos y de reputación que implica para sus carteras de inversión el seguir financiando proyectos que no se alinean realmente con el Acuerdo de París y sobre los beneficios que conlleva la reasignación de capital hacia el sector de las energías limpias, considerando los escenarios y tendencias tecnológicas.
  • Que el sector energético asuma el ecofeminismo como elemento esencial del nuevo modelo energético y la transición energética se lleve a cabo teniendo en cuenta la participación activa y el protagonismo de las mujeres.

Junio 2018

Organizaciones integrantes:
350Bcn, Aliança contra la pobresa energètica, Amigos de la Tierra, Asociación de Cultura Popular Alborada (Gallur), Berriztu!, Comité Cidadán de Emerxencia da Ría de Ferrol, Ecologistas en Acción, Enginyeria Sense Fronteres, Equo Huelva, Ferrol-Cape, Fracking Ez, Fundación Renovables, Fundación Ecología y Desarrollo, Greenpeace España, IIDMA, No Més Gas, Observatorio Crítico de la Energía, Observatori del Deute en la Globalització (ODG), Plataforma Ciudadana Zaragoza sin Fractura, Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, Plataforma Resposta al Midcat, Plataforma Salvemos Doñana, Podemos, Sí se puede, Seo/BirdLife, Transport and Environment, WWF España, Xarxa per la Sobirania Energètica (Xse).

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