20 sillas,… mejor 10, ¿no? ¿De acuerdo?……. ¡No! Ahora mejor 7,… no mejor 5, ¡no 7! Se podría resumir en estos números de sillas los 11 años largos que dura el debate sobre la ley general del agua en El Salvador. Recientemente un grupo asesor de la universidad privada de renombre UCA (Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas) ha presentado la propuesta de 7 sillas, con la intención de rebajar la tensión generada tras la propuesta de 5 sillas que los partidos conservadores de El Salvador presentaron en el mes de junio en la comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa.

Aún así, más allá del número de sillas, la clave está en quienes se sentarán en esas sillas que compondría el ente rector de la gestión del agua. Al igual que la reacción generada 7 meses antes con otra propuesta de 7 sillas, este asunto ha sido el meollo de las notas y acciones realizadas a lo largo de estos últimos meses por parte de la Alianza contra la Privatización del Agua (donde participa el Foro del Agua de El Salvador). Ejemplo de ello, las acciones realizadas por parte de esta alianza a lo largo de los 14 departamentos de El Salvador el 11 de julio. Las compañeras y compañeros de la Mesa Territorial de la Cordillera del Bálsamo se movilizaron en la ciudad de Santa Tecla del departamento de La Libertad, mientras que representantes de ADES Santa Marta y el Foro de la Salud en el municipio de Guacotecti, por ejemplo.

Como refleja el propio nombre de la alianza es conocida la intención de estas últimas propuestas de dejar la mayoría de sillas en manos de sectores económicos de alto consumo de agua de El Salvador. Por ello, tienen claro que para garantizar el Derecho Humano al Agua la gestión debe ser pública y comunitaria, lo mismo que han ido señalando durante los debates generados en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa desde la presentación de la propuesta de 10 sillas en 2012. Esa es la idea reflejada en la campaña de la federación de ISF “Agua de tod@s: un derecho, no una mercancía” ante procesos de privatización y mercantilización, un modelo que apueste por la participación activa, transparencia y rendición de cuentas. Junto a diversas instituciones ISF-MGI sigue impulsando en El Salvador este modelo, y seguiremos con atención durante estas semanas y meses a este nuevo capítulo del juego de sillas.

Eso si, no hay noticias sobre la ratificación pendiente del nuevo artículo 69 de la constitución por parte de las diputadas y los diputados de las 84 sillas de la Asamblea Legislativa. Parecería que el derecho al agua y la alimentación sigue en Game Over en El Salvador.

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