La Ley de Contratos del sector público como instrumento contra los municipios

Foto portada: Marea azul en Catalunya en 2016. Las llamadas mareas azules se forman cuando los colectivos que forman la Red de Agua Pública toman las calles. Recientemente se constituyó en andalucía la RAP Andalucía-Marea Azul del Sur. Foto: El Ventano

En estos momentos la Red de Agua Pública (RAP) está llevando a cabo una campaña en redes sociales en contra de la futura Ley de Contratos del sector público. Actualmente hablamos de un proyecto de ley que se está tramitando en el Congreso y corre el peligro de radicalizarse, yendo más allá que la propia Directiva Europea que se quiere trasponer a través de esta ley. En concreto se trata de una serie de enmiendas exactamente iguales presentadas por Ciudadanos y el Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCat), demostrando que para la derecha no existen fronteras ni diferencias ideológicas cuando se trata de defender los intereses de tres o cuatro grandes corporaciones empresariales. De aprobarse, se trataría de una vuelta de tuerca más en la imposición de políticas ultra liberales a las administraciones locales por parte del gobierno central. Éstas limitan drásticamente su autonomía y supeditan el interés general al de las grandes empresas al imponer consideraciones de competencia mercantil frente a las del servicio público.

La Ley de Contratos del sector público como instrumento contra los municipios

Activistas de la RAP Aragón tejiendo ríos simbólicos de tela para exhibir en la marea azul del Dia del Agua en 2013. Foto: El ventano

Las enmiendas, de dudosa constitucionalidad si se tiene en cuenta lo dispuesto en los artículos 137 y 140 de la Constitución, suponen la modificación de varias normas y disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local al exigir que se realice un escrutinio previo a cualquier proceso de remunicipalización, por parte de los órganos competentes en materia de defensa de la competencia. En el caso de servicios en los que el mercado relevante afectado sea de ámbito nacional, el escrutinio debe realizarlo nada menos que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Pero, es más, en el caso de monopolio de servicios, el escrutinio será de obligado cumplimiento y deberá realizarse, incluso, en aquellos casos en los que actualmente los servicios son de gestión directa, exigiendo, por lo tanto, la retroactividad. De esta forma se ataca a la autonomía municipal al pretender dificultar, cuando no impedir, que los servicios públicos objeto de las competencias de las Administraciones Públicas se presten directamente por las mismas.

Además, contemplan también la derogación de artículos del Estatuto de los trabajadores y de los convenios colectivos de aplicación, infringiendo la Directiva 23/2001 / CE, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas por impedir la subrogación como consecuencia de limitaciones o restricciones de índole presupuestario. Esto atenta contra las competencias de los órganos de las administraciones públicas, que pueden decidir prestar el servicio de forma directa con el presupuesto que ya dedican al pago del contrato externalizado.

Esta iniciativa de la derecha en contra de los procesos de remunicipalización se pone en marcha cuando en toda Europa hay una tendencia en alza por recuperar la gestión pública, en la que ciudades como Paris, Berlín o Montpelier han decidido soberanamente gestionar sus servicios de abastecimiento de agua con modelos transparentes, participativos y con rendición de cuentas.

La RAP (de la que formamos parte ISF Andalucía) considera que las enmiendas presentadas por Ciudadanos y el PDeCat deben retirarse, entiendiendo que éstas subordinan el interés público a los intereses particulares de las grandes empresas. La prestación de servicios públicos son derechos ciudadanos y derechos humanos, por lo que no tienen que garantizarse en régimen mercantil al no tener nada que ver con la competencia. Por otro lado, establecen obligaciones relativas a las relaciones laborales que exceden en mucho el objeto de la Ley de contratos, y subordinan los derechos de trabajadoras y trabajadores, la aplicación de la legislación laboral y el respeto a los derechos de la ciudadanía a servicios públicos de calidad, al mantenimiento de negocios privados con cargo a los presupuestos públicos.

Red Agua Pública (RAP), es un espacio de coordinación que aglutina a decenas de plataformas, organizaciones sociales, ambientales, sindicales y políticas del Estado español que promueven una visión del agua como bien común y servicio público, y luchan por la defensa de la gestión pública, sin ánimo de lucro, transparente y participativa de los servicios de abastecimiento y saneamiento.

Ver el comunicado completo de la RAP

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