Denunciamos la criminalización contra líderes/as y defensores/as de derechos humanos en Cajamarca, Perú

Denunciamos la criminalización contra líderes/as y defensores/as de derechos humanos en Cajamarca, Perú

Organizaciones de la sociedad civil denuncian la criminalización y la persecución judicial contra líderes/as comunitarios y defensores/as de derechos humanos en Cajamarca, Perú.

Una vez más líderes y lideresas sociales, defensores/as de derechos humanos son víctimas de la persecución judicial. En esta oportunidad la 2ª Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Celendín, Cajamarca luego de presentar acusación contra dieciséis líderes y lideresas comunitarios que se oponen al proyecto minera Conga, continuará con el juicio oral en su contra, en el que la Fiscalía pide condenas de 22 años de prisión. Los grupos de la sociedad civil y las organizaciones de derechos humanos hemos denunciado estos procedimientos como arbitrarios, infundados, y como un claro ejemplo de hostigamiento judiciaviolatorio de derechos y libertades fundamentales.

Este proceso se da como consecuencia directa de la lucha de las comunidades locales contra la Minera Yanacocha, una empresa conjunta propiedad de la compañía estadounidense Newmont Mining Corporation y la empresa peruana Buenaventura, con fondos de la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), el brazo del Banco Mundial para el sector privado. Durante más de veinte años, las operaciones en Yanacocha—la mina de oro a cielo abierto más grande de América del Sur—han causado devastación ambiental y conflictos sociales con impactos negativos para la comunidad. . En 2002, por ejemplo, un derrame masivo de mercurio en la aldea de Choropampa dejó a más de 1.200 campesinos expuestos a contaminación tóxica y cientos de personas hospitalizadas, muchos de los cuales siguen sufriendo fatiga, erupciones cutáneas, dolores de cabeza crónicos y otros efectos sobre la salud varios años después de la exposición tóxica. Luego, en 2012, enfrentamientos entre líderes/as y policías dejaron cinco muertos, entre ellos un joven de 17 años.

La resistencia a las operaciones de la Minera Yanacocha se ha intensificado en los últimos años en respuesta a los planes del consorcio de construir un nuevo proyecto, la Mina Conga, en la cuenca de cinco ríos principales. Las denuncias de corrupción y abusos laborales desenfrenados también han alimentado la oposición al proyecto. Ante la oposición al proyecto y la movilización y denuncia de la comunidad de Cajamarca el Estado ha respondido con el uso de la fuerza de manera ilegal e ilegítima y con denuncias y procesos penales.

Entre los acusados está Milton Sánchez Cubas, coordinador de la Plataforma Interinstitucional Celendina (PIC), que recientemente se benefició de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en respuesta a la persecución en su contra. Otra acusada que se enfrenta a cargos infundados es la lideresa comunitaria Jeny Cojal, quien aún no ha sido informada sobre las acusaciones en su contra y se le ha negado la oportunidad de defenderse en una acción que se encuentra actualmente en apelación de nulidad.

A las organizaciones que suscribimos este documento, nos preocupa profundamente que ante la movilización social, la respuesta del Estado sea el uso de la fuerza y uso del derecho penal contra los líderes y lideresas defensores de derechos humanos, del territorio y el medio ambiente. Por tanto, ante la criminalización, señalamiento y persecución de los líderes y lideresas en Cajamarca, recordamos a las autoridades, especialmente a los fiscales y el poder judicial que tienen la obligación de velar por los derechos de los acusados al debido proceso, a un juicio justo y a un tribunal imparcial.

En respuesta a estas claras violaciones de derechos humanos las organizaciones de la sociedad civil firmantes manifestamos nuestra intención de permanecer vigilantes ante abusos adicionales, e instamos al poder judicial a que vele por los derechos de los defensores y defensoras, pues ello es una premisa fundamental de un país democrático y plural.

Haciéndonos eco del llamado urgente del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (programa conjunto de la OMCT y de la FIDH), instamos a las autoridades peruanas pertinentes a:

  1. Velar por que se respeten las garantías del debido proceso de los 16 defensores acusados y se ponga fin a todo tipo de criminalización de las legítimas actividades en defensa de los derechos humanos.
  2. Cumplir con las medidas cautelares 452-11 de la CIDH y, más generalmente, proporcionar de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de los 16 defensores y defensoras de derechos humanos afectados, y en general la de todos los defensores de derechos humanos en Perú;
  3. iii. Emitir una directiva dirigida a todos los funcionarios públicos, incluyendo todos los órganos jurisdiccionales competentes, para asegurar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la CIDH con el fin de asegurar que se ponga fin al uso indebido del derecho penal en contra de defensores y defensoras de derechos humanos en Perú;
  4. Asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998;
  5. De manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por Perú.

Imagen Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú

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