Durante la comparecencia se denunció la situación de conflicto que la explotación minera y petrolera está provocando, respectivamente, en El Salvador y en Perú. En este sentido, Antonio Pacheco, director de ADES, contraparte de ISF Cataluña en el país, denunció la impunidad del crimen contra Marcelo Rivera debido a su oposición a las actividades mineras, que amenazan la calidad del recurso hídrico a la principal cuenca del país.

Por su lado, Lily La Torre, directora de Racimos de Ungurahui (Perú), denunció el asedio de AIDESEP, organización que representa a los indígenas amazónicos en su país, a raíz del conflicto de Bagua, que el mayo pasado provocó la muerte de decenas de personas y que fue motivado por la concesión para su explotación de la selva amazónica. Las actividades petroleras, pero también la explotación de madera y la plantación de soja para agrocombustibles, han llevado al Perú a una situación explosiva y los mecanismos de diálogo empezados por el gobierno parecen más una cortina de humo que una vía de resolución del conflicto. En este escenario, REPSOL se dispone a explotar el bloque 39, que alberga los territorios de algunos de los últimos pueblos indígenas en aislamiento voluntario del planeta.

El Parlamento recogió favorablemente las demandas para involucrarse en estos hechos, así como la invitación que la  PSIE hizo a los diputados y diputadas de todos los grupos políticos para encontrar los mecanismos para hacer más coherente la política y la acción exterior catalana, tanto de las empresas y las finanzas del país como de su gobierno. Este proceso está en línea con los esfuerzos que la misma PSIE está haciendo con la Mesa del Congreso en Madrid, y que tendrá un nuevo capítulo el próximo martes 24 de noviembre con una nueva comparecencia con otros activistas y organizaciones, a instancias de ISF Cataluña.